El aforamiento en España: qué es, cuántos aforados hay y quiénes

Qué es el aforamiento

El aforamiento es una regla procesal que determina ante qué tribunal debe ser juzgada una persona por razón del cargo que ocupa. En lugar de responder ante el juzgado que correspondería por el lugar de los hechos, el aforado es investigado y, en su caso, enjuiciado directamente por un tribunal de rango superior. No es una exención de responsabilidad penal: el aforado puede ser investigado, procesado y condenado igual que cualquier ciudadano. Lo que cambia es el órgano competente.

Su origen está en la Constitución Española de 1978, que reconoce esta prerrogativa para determinados cargos del Estado, y en las leyes que la desarrollan, principalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La finalidad declarada es doble: proteger el ejercicio de la función pública frente a denuncias instrumentales y garantizar que ciertos cargos sean juzgados por tribunales con la independencia y la composición adecuadas.

A quién protege el aforamiento

El aforamiento alcanza a colectivos muy distintos entre sí. Conviene separarlos porque no todos tienen el mismo fundamento ni el mismo tribunal competente.

• Cargos políticos del Estado. Diputados y senadores están aforados por los artículos 71 de la Constitución. El presidente del Gobierno y los demás miembros del Ejecutivo también gozan de esta prerrogativa por la vía del artículo 102.
• Cargos políticos autonómicos. Los presidentes y consejeros de las comunidades autónomas, así como los diputados de los parlamentos regionales, están aforados según sus respectivos Estatutos de Autonomía, normas con rango de ley orgánica.
• Carrera judicial y fiscal. Jueces, magistrados y fiscales cuentan con aforamiento conforme a la LOPJ y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en función de su categoría y destino.
• Otros altos cargos del Estado. El Defensor del Pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial o los miembros del Tribunal de Cuentas disponen de regímenes específicos previstos en sus leyes reguladoras.
• Familia Real. El Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad según el artículo 56.3 de la Constitución. Tras la reforma de la LOPJ de 2014, la Reina, el Príncipe o Princesa de Asturias y otros miembros de la Familia Real quedaron aforados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Cuántos aforados hay en España

No existe un censo oficial único y permanentemente actualizado de aforados. La cifra que se maneja habitualmente procede de estimaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la suma de los colectivos protegidos por la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la LOPJ.

Según esas estimaciones institucionales, en España habría en torno a 250.000 personas aforadas, una cifra que conviene tomar como orden de magnitud y no como dato exacto. La razón de que sea tan elevada es que la inmensa mayoría no son políticos, sino integrantes de la carrera judicial y fiscal, que suman la mayor parte del total. El número de cargos políticos aforados es comparativamente reducido.

El contraste con otros países europeos es notable: la mayoría de los Estados de nuestro entorno reservan el aforamiento para un número muy pequeño de cargos, generalmente jefes de Estado y de Gobierno. Este punto de comparación es uno de los que más se citan en el debate público sobre la figura.

Qué tribunal juzga a cada cargo

La competencia depende del cargo y, en los casos autonómicos, también del territorio. De forma resumida:

• Diputados y senadores: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
• Presidente del Gobierno y miembros del Gobierno: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (con la particularidad, prevista en la Constitución, de que la acusación por traición u otros delitos contra la seguridad del Estado requiere la intervención del Congreso).
• Presidentes y consejeros autonómicos, diputados regionales: por regla general, el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma; el Tribunal Supremo en determinados supuestos.
• Jueces, magistrados y fiscales: según su categoría, el Tribunal Superior de Justicia correspondiente o el Tribunal Supremo.
• Magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Familia Real aforados: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Esta estructura explica por qué la condición de aforado importa tanto en términos prácticos: traslada la instrucción y el enjuiciamiento a los tribunales superiores, con sus propios criterios de admisión y sus salas especializadas.

El debate sobre la reforma del aforamiento

El aforamiento es objeto de debate político y jurídico recurrente. Quienes defienden su mantenimiento sostienen que protege a las instituciones frente a denuncias sin fundamento y asegura que determinados cargos sean juzgados por tribunales con garantías reforzadas. Quienes proponen reducirlo argumentan que un número tan amplio de aforados se aleja del principio de igualdad ante la ley y de la práctica habitual en otros países europeos.

En distintas legislaturas se han planteado iniciativas para limitar el aforamiento de los cargos políticos a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo, dejando fuera la actividad privada. Algunas comunidades autónomas han modificado sus Estatutos de Autonomía en esa dirección. Cualquier reforma del aforamiento constitucional de diputados, senadores y miembros del Gobierno exigiría, sin embargo, una reforma de la Constitución, con las mayorías cualificadas que esta establece, lo que condiciona el alcance real de las propuestas.

Para situar esta prerrogativa dentro del conjunto de cargos públicos del Estado, puedes consultar el listado completo de cargos públicos en España, así como las guías sobre cuánto cobra un diputado y cuánto cobra un magistrado del Tribunal Supremo. El aforamiento de la Familia Real se enmarca, además, en el régimen general que explicamos en la guía sobre el sueldo de Felipe VI y la Casa Real, y el de los miembros del Ejecutivo conecta con la retribución de un ministro en España y del fiscal general del Estado.